Por siglos nos hemos enfrentado a sistemas patriarcales, en donde las mujeres han sido excluidas y discriminadas por razón de su género, es decir por el simple hecho de ser mujeres, motivo por el cual se han aliado a través de movimientos feministas a fin de hacer valer sus derechos para crear entornos más justos e igualitarios y con ello lograr un cambio en todos los ámbitos de su vida, tanto en lo social, económico, político, cultural y familiar.

En específico la lucha por los derechos políticos de las mujeres la podemos dividir en dos etapas, la primera que se enfocó en el reconocimiento del voto y la segunda que ha consistido en que exista una participación y distribución equilibrada en los comicios y en la integración de los gobiernos y órganos de representación política; el logro de esto resulta fundamental para que podamos considerar que vivimos en una democracia sustantiva e igualitaria, ya que las mujeres conforman al menos la mitad de la población, por lo que deben participar y formar parte de los cargos políticos de nuestro país.

En los últimos años se han logrado grandes avances en materia de derechos políticos electorales, uno de ellos lo fue la reforma constitucional al artículo 41, en el año 2014, la cual elevó a rango constitucional la “garantía de paridad entre mujeres y hombres”, imponiendo con ello a los partidos políticos la obligación de que se integren las listas con el 50% de hombres y 50% de mujeres en la postulación de candidaturas a legisladores federales y locales; dicha reforma fue considerada un escalón para que las mujeres tuvieran acceso a los poderes de decisión, ya que antes solo existían las cuotas de paridad que generalmente no eran acatadas.

Posteriormente en el 2019, a fin de reforzar la paridad de género y con ello abarcar todos los cargos elegidos mediante voto popular; se llevó a cabo la reforma constitucional a los artículos 2, 4, 35, 41, 52, 53, 56, 94 y 115, con lo que nuestro país dio un gran salto hacia la consolidación de una democracia representativa, participativa e incluyente, al establecer la “paridad en todo” o “paridad transversal”, la cual consiste en que la mitad de los cargos de decisión serán para las mujeres en los tres poderes de la Unión (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), en los tres órdenes de gobierno (municipal, estatal y federal), en los organismos autónomos, en las candidaturas de los partidos políticos a cargos de elección popular, así como en la elección de representantes en los municipios con población indígena; asimismo esta reforma adoptó un lenguaje incluyente y con perspectiva de género.

Cabe señalar que la diferencia de la reforma 2014 a la del 2019, fue que en la primera se estableció la paridad sólo en las postulaciones, mientras que en la segunda la paridad también fue un mandato en la integración; si bien ambas reformas revolucionaron la participación política de las mujeres en México, no menos cierto es que nos enfrentamos a otra problemática, pues en los últimos años ha aumentado la violencia política contra este sector de la población, lo que dio lugar a que el 13 de abril de 2020 se publicara un decreto que reformó y adicionó diversas disposiciones a varias leyes, para crear así un marco normativo para prevenir, atender, sancionar y erradicar el delito de violencia política contra las mujeres por razón de género, la cual es definida en el artículo 20 Bis de Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, como: “toda acción u omisión, incluida la tolerancia, basada en elementos de género y ejercida dentro de la esfera pública o privada, que tenga por objeto o resultado limitar, anular o menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos políticos y electorales de una o varias mujeres, el acceso al pleno ejercicio de las atribuciones inherentes a su cargo, labor o actividad, el libre desarrollo de la función pública, la toma de decisiones, la libertad de organización, así como el acceso y ejercicio a las prerrogativas, tratándose de precandidaturas, candidaturas, funciones o cargos públicos del mismo tipo”.

Derivado de lo anterior, las pasadas elecciones del 06 de junio del 2021, fueron foco de atención de millones de mexicanos ante la expectativa de corroborar el cumplimiento y seguimiento a las reformas de paridad en todo (2019) y de violencia política contra las mujeres en razón de género (2020), establecidas en la Constitución así como en leyes secundarias.

Otro dato relevante de señalar es que estas elecciones se llevaron a cabo en medio de la pandemia del COVID-19, siendo un reto doble, por una parte el fomentar la participación ciudadana y por el otro generar certeza de que las casillas eran lugares seguros y libres de contagio.

Las elecciones 2021 son consideradas hasta el día de hoy como el proceso electoral más grande celebrado en la historia de nuestro país, pues el número de cargos de elección popular que se encontraban en disputa, fueron aproximadamente 20 mil, siendo estos los siguientes: 500 diputaciones federales (300 por principio de mayoría relativa y 200 de representación proporcional) y 19,915 cargos a nivel local, dentro de los cuales se encontraban 15 gubernaturas.

Del resultado de dichas elecciones y según datos del Instituto Nacional Electoral, podemos desprender que si se cumplió con el mandato constitucional de paridad de género surgido con la reforma de 2019, donde se observó que la integración de candidaturas para los diferentes cargos de elección que estuvieron en disputa fue ocupado por el 51% para las mujeres (71,465); mientras que el 49% lo ocuparon hombres (67,347); lo que deja constancia que en efecto la reforma dio resultados favorables y visibles, pues al menos hubo más mujeres candidatas que hombres candidatos.

Por otra parte cabe resaltar que en la historia de México, el acceso de las mujeres a la titularidad de los poderes ejecutivos de las entidades federativas ha estado limitado en su mayoría a los hombres, ya que desde 1979 a la fecha solo hemos contado con 6 mujeres gobernadoras y una Jefa de Gobierno, las cuales son importante mencionar, sobre todo para observar la cronología de su participación:

• Griselda Álvarez Ponce de León, en Colima (1979-1985)
• Beatriz Paredes Rangel, en Tlaxcala (1987-1992)
• Amalia García Medina, en Zacatecas (2004-2010)
• Ivonne Ortega Pacheco, en Yucatán (2007-2013)
• Claudia Pavlovich, en Sonora (2015-2021)
• Martha Erika Alonso, en Puebla (2018)
• Claudia Sheinbaum (2018-2024)

Sorprendentemente como resultado de los comicios realizados en el 2021, fueron 6 las mujeres que ganaron la gobernatura de sus estados, lo que deja entrevisto que en dichas elecciones se igualó el número de gobernadoras que han desfilado en nuestro país de 1979 al 2021; siendo un avance significativo y que marca un precedente en la historia de nuestro país; las mujeres y los estados ganadores fueron los siguientes:

• Marina del Pilar Ávila en Baja California
• Layda Sansores en Campeche
• Maru Campos en Chihuahua
• Indira Vizcaíno en Colima
• Evelyn Salgado en Guerrero
• Lorena Cuéllar en Tlaxcala

Recientemente en las elecciones del 05 de junio del 2022, se suman a la lista Teresa Jiménez quien gano para el gobierno de Aguascalientes y Mara Lezama para el estado de Quintana Roo.

Por cuanto hace a diputaciones federales fueron electas 248 mujeres (49.6%) y 252 hombres (50.4%), de las cuales 13 son mujeres indígenas; mientras que por cuanto hace a las diputaciones locales de los 642 curules, 328 los ganaron mujeres (51.1%).

Otro avance significativo en los comicios 2021 lo fue la participación e inclusión de las mujeres pertenecientes a los pueblos y comunidades indígenas, no podemos perder de vista que México está conformada por una composición pluricultural y precisamente en nuestra constitución se reconoce su derecho a la libre determinación y la autonomía para autogobernarse de conformidad con sus usos y costumbres; su derecho de votar y ser votados en condiciones de igualdad; el derecho de acceder y desempeñar cargos públicos y de elección popular; así como el derecho a la representación indígena frente a los ayuntamientos.

Del resultado de las elecciones se espera que la representación de las mujeres no sólo sea un número y que se traduzca en una representación sustantiva, en donde se elaboren mejores leyes a fin de garantizar los derechos de las mujeres, pero sobre todo abordar los temas pendientes tales como la despenalización nacional del aborto, dar cumplimiento a las solicitudes de medidas cautelares en temas de violencia de género, que el presupuesto destinado a los temas de igualdad se cumpla, erradicar el matrimonio infantil, entre muchos otros.

Sin duda las mujeres deben continuar con su empoderamiento, a través de la toma de conciencia de sus derechos, fortalezas, autonomía y liderazgo, y se debe fomentar cada vez más su participación política, ya que a mayor diversidad de mujeres electas representando los intereses de las mismas, será más fácil encontrar soluciones a las problemáticas y con ello poder incorporarlas en las políticas públicas.

Podemos concluir que los comicios 2021 son la primera prueba de una paridad de género materializada y visible, sin embargo aún nos queda mucho por recorrer, pues nos falta incrementar el número de mujeres en municipios y alcaldías; fomentar la participación de los grupos vulnerables como lo son las mujeres indígenas, mujeres con discapacidad, mujeres afromexicanas, mujeres con diversidad sexual; erradicar la violencia política; así como lograr que alguna mujer ocupe la presidencia de nuestro país, lo que seguirá siendo un reto y el sueño de muchas mujeres mexicanas.

Celebremos que la paridad es uno de los mayores logros de las mujeres en su lucha feminista y como ciudadanía en general apoyemos exigiendo su cumplimiento, denunciando los casos de violencia y haciendo historia al tomar decisiones en beneficio de las futuras generaciones.