En una sociedad democrática, la igualdad es la base fundamental de los derechos humanos. Cuando hablamos de paridad, el objetivo es la representación igualitaria de mujeres y hombres. Se trata de hacer valer el derecho de todo ser humano a las mismas oportunidades y a un trato justo. Se trata también de actuar y propiciar espacios para el ejercicio de los derechos político-electorales de todas y todos. De crear conciencia sobre la existencia de tratos discriminatorios e injustos fuertemente arraigados. Y no podemos solamente quedarnos en el discurso.

El 17 de octubre de 1953 fue publicada la reforma constitucional que reconoció a las mujeres el carácter de ciudadanas mexicanas y el derecho al voto, una lucha que comenzó a fines del siglo XIX cuando el ejercicio democrático les estaba vedado, al igual que a los pobres, los presos y los enfermos mentales, y será hasta el 3 de julio de 1955 cuando la primera emita su voto en las urnas, en una elección federal. En esta cronología, México fue el último país de América Latina en concederles tal derecho.

A partir de entonces tomará más de seis décadas concretar la participación política paritaria, 50-50, en las cámaras que integran el Congreso de la Unión. En la elección federal de 2018, por fin, las mujeres obtienen la mayoría en el Senado. En la Cámara de Diputados quedaron a pocos escaños de lograrla.

Las mujeres se enfrentan a dos tipos de obstáculos a la hora de participar en la vida política. Las barreras estructurales creadas por leyes e instituciones discriminatorias siguen limitando las opciones que tienen las mujeres para votar o presentarse a elecciones. Las brechas relativas a las capacidades implican que las mujeres tienen menor probabilidad que los hombres de contar con la educación, los contactos y los recursos necesarios para convertirse en líderes eficaces.

Como señala la resolución sobre la participación de la mujer en la política aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2011, “las mujeres siguen estando marginadas en gran medida de la esfera política en todo el mundo, a menudo como resultado de leyes, prácticas, actitudes y estereotipos de género discriminatorios, bajos niveles de educación, falta de acceso a servicios de atención sanitaria, y debido a que la pobreza las afecta de manera desproporcionada”.

Algunas mujeres han conseguido superar estos obstáculos, y han sido muy elogiadas por ello, a menudo influyendo positivamente en la sociedad en su conjunto. No obstante, en términos generales, hay que seguir trabajando para lograr la igualdad de oportunidades para todas y todos.

La paridad no es cuota mayor a favor mujeres, es la expresión más amplia de universalidad y un instrumento de reivindicación del derecho a la igualdad, mediante el reconocimiento de la dualidad del género humano: mujeres y hombres;ésta contribuye a realizar una de las finalidades mayores de la democracia: el derecho a la igualdad de todos los seres humanos. Ni las cuotas, ni la paridad, garantizan la calidad de la representación, siendo ésta un desafío de la democracia contemporánea. Si bien diferentes estudios evidencian un cierto desencanto de las poblaciones de la región respecto a la democracia como forma de gobierno, también muestran mayoritariamente que se prefiere a la democracia por encima de cualquier otra opción. El desafío se plantea entonces hacia la clase política en su conjunto, para reconstruir su imagen y su credibilidad, lo que implica transformaciones en las prácticas tradicionales del quehacer político, el fortalecimiento de las bases democráticas y la representación efectiva de las necesidades e intereses de las poblaciones en su pluralidad y diversidad. El desafío es también para la sociedad en su conjunto, de manera que el respeto y garantía de la igualdad y la no discriminación sean parte de la vida cotidiana de todos los seres humanos y no una aspiración inalcanzable.